Después de días de especulaciones, se ha confirmado que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, será procesado penalmente por su presunta participación en el caso Aguas Vivas, en el que también estaría involucrado el exgobernador Luis Pérez.
Según información revelada, la Fiscalía General de la Nación presentó una solicitud para formular la imputación de cargos contra Quintero y otros exfuncionarios de su administración. Los delitos en cuestión son peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción.
La audiencia de imputación se llevará a cabo el próximo martes 25 de marzo a las 2:10 p.m. y también incluirá a otras 12 personas involucradas en este escándalo. El caso, que salió a la luz en 2021, gira en torno a un negocio irregular relacionado con un megalote que la Alcaldía de Medellín habría adquirido de manera dudosa.
El escándalo de Aguas Vivas
Este polémico caso se remonta a 2019, cuando las empresas IDC Inversiones y Técnicas Constructivas entregaron un lote de 147.000 metros cuadrados, ubicado entre El Poblado y Las Palmas, a la Alcaldía de Medellín como parte de una compensación urbanística. No obstante, tras la llegada de Quintero a la Alcaldía, comenzaron a surgir cambios en las condiciones del acuerdo.
Las empresas involucradas solicitaron modificaciones en los términos del acuerdo, argumentando que la escritura aún no había sido registrada a nombre del Municipio. Además, pidieron una compensación en caso de no encontrar, en un plazo de un año, a un comprador interesado en el lote.
Aunque inicialmente la Alcaldía rechazó estas solicitudes, las presiones continuaron, y finalmente, la Subsecretaría de Catastro realizó un nuevo avalúo del terreno. El valor del lote, que inicialmente había sido tasado en $2.711 millones, aumentó a $42.719 millones. En abril de 2021, el avalúo volvió a incrementarse a $48.234 millones.
A pesar de estos cambios, los privados pidieron que la Alcaldía fuera declarada responsable por «enriquecimiento sin causa justa» y exigieron una indemnización por el valor del terreno. Aunque se intentó una conciliación, esta fue rechazada al principio, pero luego aceptada a favor de los privados. Sin embargo, la conciliación nunca se hizo efectiva, ya que el Consejo de Estado la anuló.
El conflicto culminó cuando Quintero, mediante un decreto firmado por él mismo, eliminó las restricciones que existían para construir en el terreno, lo que permitió a los privados desarrollar proyectos inmobiliarios en Aguas Vivas.
Este escándalo fue denunciado por el alcalde Federico Gutiérrez, quien, al iniciar su mandato, realizó una auditoría forense que reveló irregularidades en el proceso.
Reacción de Quintero
Poco antes de que se hiciera pública la fecha de la audiencia, Daniel Quintero expresó que estaba siendo objeto de una persecución política, y que todo formaba parte de un plan para sabotear sus aspiraciones presidenciales. Además, envió una carta a la Fiscalía General solicitando que los procesos penales pendientes en su contra fueran trasladados a la Fiscalía de Bogotá, argumentando que la seccional de Medellín lo estaba utilizando para fines políticos. Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido una respuesta pública a esta solicitud.
Imagen de referencia tomada de Comfenalco
